Ensayo, libre expresión y calumnia en Colombia

Por: Santiago Córdoba Henao

En un país como Colombia, resulta complejo relacionar los términos de calumnia e injuria para trabajarlos dentro de la Libre Expresión, término que tomó gran impulso creada la nueva Constituyente de 1991, siendo este uno de los factores fundamentales para que el país sea un Estado de Derecho, garantizando las opiniones y pensamientos de cada ciudadano de forma libre, fundamentadas en el Artículo 20 de la Constitución.

Resulta complejo, porque hay varios actores dentro del periodismo o dentro de los medios de comunicación que sin un garante de conocimiento por determinados temas, se divulga información que en diversidad de casos resulta perjudicial para algún personaje o aún más grave, para un gran número de personas que conviven en la sociedad.

Foto: rankia.com

Tomemos como base la frase que algún día dijo San Agustín: “El que no quiere ser vencido por la verdad será vencido por la mentira", esta afirmación es bastante asertiva para reflejar la realidad que hoy se vive, se podría decir día a día, en Colombia, y es que las personas en sus relaciones interpersonales tienden a decir mentiras con frecuencia para beneficio propio o para crear una imagen favorable frente a quienes convive. Es a partir de allí donde cada persona tiene la tarea de fijarse en sus afirmaciones y  lo que implica, si no se tiene un garante creíble y en qué medida está afectando a las personas con quien comparte sus espacios.

Llama bastante la atención cómo desde los medios masivos de comunicación se genera gran cantidad de contenidos que para su público resulta creíble y genera comportamientos, haciéndolos tomar posición frente a dicho tema. Un ejemplo claro para ello lo encontré en un suceso que fue viral en Colombia; en el año 2012 se dio la libertad del ex diputado vallecaucano Sigifredo López, quien había sido secuestrado por las FARC en 2002 con 11 de sus compañeros, siendo estos asesinados en cautiverio y sobreviviendo López para luego ser acusado por un grupo de personas como responsable en gran parte del hecho. El ex diputado tuvo que enfrentar a la Rama Judicial de Colombia tras ser víctima de esa problemática que tanto nos agobia, la calumnia; en este hecho la opinión pública comenzó a despertar dudas en el personaje mientras crecía la indignación y los medios masivos alimentaban ello con sus publicaciones que en cierta medida generaban comportamientos en el espectador.

El papel de los medios de comunicación en estos casos resulta ser bastante influyente porque como informadores han creado el paradigma de que, “lo que se dice es veraz”, pero vale la pena preguntarse como ciudadano si los contenidos que allí se muestran son efectivamente ciertos o pueden ser refutados con pruebas que demuestren exactamente lo contrario a lo que los medios dicen ser verdadero.

Como colombianos, alguna vez se nos ha hablado de Luis Carlos Galán y de su vil asesinato en 1989 en Soacha mientras daba un discurso para las elecciones de 1990. En este hecho que marcó la historia de Colombia, fue capturado y condenado como autor material del crimen un barranquillero llamado Alberto Júbiz Hasbum, quien perdió su dignidad y a quien se le dañó el buen nombre por la mediocridad de la Justicia Colombiana y por el poder descomunal y perverso que este ente, que debería ser primordial en el país, no se ejerce con excelencia para proteger los derechos fundamentales de una Nación.

Foto: derechodelavictima.com.ar

El personaje acusado y víctima de la injusticia y de la calumnia pagó con 4 años de su vida la privación de su libertad, convirtiéndose para la opinión pública en un ejemplo más de lo que se vive frecuentemente en el país a raíz de una mentira que perjudica el buen nombre de las personas. En estos casos es donde el periodista debería entrar a ejercer uno de los papeles más importantes dentro de su profesión, el de mediador entre la sociedad, los conflictos sociales y el Estado. Para ello, el periodista desde su ética profesional debe buscar cómo desde su qué hacer puede aportar a la solución de diferencias en varios actores sociales.

Hay dentro de la Constitución Política de Colombia un artículo que llama la atención para ser tratado en varios ámbitos de las situaciones sociales que suceden a diario en el país; el Artículo 29 que alude al Debido Proceso y hace un llamado a todo ciudadano a hacer las cosas de debida manera, es decir, cuando se tiene un personaje el cual despierta dudas por un hecho que se le atribuye, según la Justicia, se debe llevar a cabo un proceso en el que se demuestre de forma verídica las pruebas que fundamenten las acusaciones que a este se le están haciendo, de lo contrario no se podrá hacer un juicio para no caer en el delito de la calumnia. Es en estos casos donde los medios como informadores deberían ser más rigurosos e instruir a sus periodistas y reforzar su educación en temas judiciales y enfrentar estos casos sin perturbar los valores de una sociedad.

Como seres humanos hay una diversidad de valores que destacan a unas personas entre otras, como el respeto, la solidaridad, la unión, pero el valor primordial para que una persona llegue al éxito tiene la clave en la credibilidad; esta palabra que es tan importante llevarla día a día como ciudadano se ha ido deteriorando debido al impulso de las personas de estar sobre otras, de obtener ventajas o verse más resaltable entre otros. Así, gran número de personas han perturbado la dignidad de unos cayendo en la trampa de la calumnia y la injuria, siento esta última el punto de quiebre entre la unión de sociedades y la integridad de los seres humanos.

A raíz de esos factores Colombia ha sido en sus últimas décadas, sino ha sido toda la vida, en uno de los países en el mundo, donde la Justicia tambalea y pone en duda su función social. El paradigma que se tiene sobre la Justicia de Colombia en varios centros del mundo no es nada favorable debido a que esta una sociedad donde de juzga a las personas sin tener garantes ni fundamentos para hacerlo, mientras que en gran mayoría de los casos donde existe un culpable visible de algún hecho inhumano, no se aplica con efectividad la Ley. 

Foto: diariotijuana.info

Colombia es un país que ha sido gobernado por personajes que en su gestión han sido cuestionados por la poca credibilidad que han generado al favorecer a un número de personas y olvidándose de su verdadera labor social como funcionarios, y no sólo en el poder Ejecutivo y Legislativo sino también desde la Rama Judicial que para beneficio de unos pocos ha sido protagonista de hechos que generan indignación al no aplicarse con excelencia y total transparencia. Para no adentrarme mucho en detalles, pongo como casos generales cuando a un personaje político se le acusa de ser promotor de bandas criminales, o de conspirar dineros de inversión social para gastarse en obras que favorecen a unos pocos y perjudican al resto de los habitantes. Para estos casos, es necesario que los entes de justicia resuelvan desde su profesión esos conflictos sociales haciendo un Debido Proceso y los medios de comunicación desde su ética profesional sirvan de mediadores para hacer de Colombia una sociedad más íntegra y transparente.

Termino con la frase de un epílogo del periodista Juan Gossaín, quien en uno de sus artículos judiciales llama la atención con un cierre bastante asertivo para la justicia en Colombia que abarca la calumnia y la injuria; “En medio de semejante horror, va a llegar el día en que los colombianos nos quedaremos sin saber quién es el honrado y quién el bandido”.