Por: Santiago Córdoba Henao
En
un país como Colombia, resulta complejo relacionar los términos de calumnia e
injuria para trabajarlos dentro de la Libre Expresión, término que tomó
gran impulso creada la nueva Constituyente de 1991, siendo este uno de los
factores fundamentales para que el país sea un Estado de Derecho, garantizando
las opiniones y pensamientos de cada ciudadano de forma libre, fundamentadas en
el Artículo 20 de la Constitución.
Resulta
complejo, porque hay varios actores dentro del periodismo o dentro de los
medios de comunicación que sin un garante de conocimiento por determinados
temas, se divulga información que en diversidad de casos resulta perjudicial
para algún personaje o aún más grave, para un gran número de personas que
conviven en la sociedad.
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| Foto: rankia.com |
Tomemos
como base la frase que algún día dijo San Agustín: “El que no quiere ser vencido por la
verdad será vencido por la mentira", esta afirmación es
bastante asertiva para reflejar la realidad que hoy se vive, se podría decir
día a día, en Colombia, y es que las personas en sus relaciones interpersonales
tienden a decir mentiras con frecuencia para beneficio propio o para crear una
imagen favorable frente a quienes convive. Es a partir de allí donde cada
persona tiene la tarea de fijarse en sus afirmaciones y lo que implica, si no se tiene un garante
creíble y en qué medida está afectando a las personas con quien comparte sus
espacios.
Llama bastante la atención cómo
desde los medios masivos de comunicación se genera gran cantidad de contenidos
que para su público resulta creíble y genera comportamientos, haciéndolos tomar
posición frente a dicho tema. Un ejemplo claro para ello lo encontré en un suceso
que fue viral en Colombia; en el año 2012 se dio la libertad del ex diputado
vallecaucano Sigifredo López, quien
había sido secuestrado por las FARC en 2002 con 11 de sus compañeros, siendo
estos asesinados en cautiverio y sobreviviendo López para luego ser acusado por
un grupo de personas como responsable en gran parte del hecho. El ex diputado
tuvo que enfrentar a la Rama Judicial de Colombia tras ser víctima de esa
problemática que tanto nos agobia, la
calumnia; en este hecho la opinión pública comenzó a despertar dudas en el
personaje mientras crecía la indignación y los medios masivos alimentaban ello
con sus publicaciones que en cierta medida generaban comportamientos en el
espectador.
El
papel de los medios de comunicación en estos casos resulta ser bastante
influyente porque como informadores han creado el paradigma de que, “lo que se dice es veraz”, pero vale la
pena preguntarse como ciudadano si los contenidos que allí se muestran son
efectivamente ciertos o pueden ser refutados con pruebas que demuestren
exactamente lo contrario a lo que los medios dicen ser verdadero.
Como
colombianos, alguna vez se nos ha hablado de Luis Carlos Galán y de su vil
asesinato en 1989 en Soacha mientras daba un discurso para las elecciones de
1990. En este hecho que marcó la historia de Colombia, fue capturado y
condenado como autor material del crimen un barranquillero llamado Alberto Júbiz Hasbum, quien perdió su
dignidad y a quien se le dañó el buen nombre por la mediocridad de la Justicia Colombiana
y por el poder descomunal y perverso que este ente, que debería ser
primordial en el país, no se ejerce con excelencia para proteger los derechos
fundamentales de una Nación.
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| Foto: derechodelavictima.com.ar |
El
personaje acusado y víctima de la injusticia y de la calumnia pagó con 4 años
de su vida la privación de su libertad, convirtiéndose para la opinión pública
en un ejemplo más de lo que se vive frecuentemente en el país a raíz de una
mentira que perjudica el buen nombre de las personas. En estos casos es donde
el periodista debería entrar a ejercer uno de los papeles más importantes
dentro de su profesión, el de mediador entre la sociedad, los conflictos
sociales y el Estado. Para ello, el periodista desde su ética profesional debe buscar
cómo desde su qué hacer puede aportar a la solución de diferencias en varios
actores sociales.
Hay
dentro de la Constitución Política de Colombia un artículo que llama la
atención para ser tratado en varios ámbitos de las situaciones sociales que
suceden a diario en el país; el Artículo
29 que alude al Debido Proceso y
hace un llamado a todo ciudadano a hacer las cosas de debida manera, es decir,
cuando se tiene un personaje el cual despierta dudas por un hecho que se le
atribuye, según la Justicia, se debe llevar a cabo un proceso en el que se demuestre
de forma verídica las pruebas que fundamenten las acusaciones que a este se le
están haciendo, de lo contrario no se podrá hacer un juicio para no caer en el
delito de la calumnia. Es en estos casos donde los medios como informadores
deberían ser más rigurosos e instruir a sus periodistas y reforzar su educación
en temas judiciales y enfrentar estos casos sin perturbar los valores de una
sociedad.
Como
seres humanos hay una diversidad de valores que destacan a unas personas entre
otras, como el respeto, la solidaridad,
la unión, pero el valor primordial para que una persona llegue al éxito tiene
la clave en la credibilidad; esta palabra que es tan importante llevarla
día a día como ciudadano se ha ido deteriorando debido al impulso de las
personas de estar sobre otras, de obtener ventajas o verse más resaltable entre
otros. Así, gran número de personas han perturbado la dignidad de unos cayendo
en la trampa de la calumnia y la injuria, siento esta última el punto de
quiebre entre la unión de sociedades y la integridad de los seres humanos.
A
raíz de esos factores Colombia ha sido en sus últimas décadas, sino ha sido
toda la vida, en uno de los países en el mundo, donde la Justicia tambalea y
pone en duda su función social. El paradigma que se tiene sobre la Justicia de
Colombia en varios centros del mundo no es nada favorable debido a que esta una
sociedad donde de juzga a las personas sin tener garantes ni fundamentos para
hacerlo, mientras que en gran mayoría de los casos donde existe un culpable
visible de algún hecho inhumano, no se aplica con efectividad la Ley.
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| Foto: diariotijuana.info |
Colombia
es un país que ha sido gobernado por personajes que en su gestión han sido
cuestionados por la poca credibilidad que han generado al favorecer a un número
de personas y olvidándose de su verdadera labor social como funcionarios, y no
sólo en el poder Ejecutivo y Legislativo sino también desde la Rama Judicial
que para beneficio de unos pocos ha sido protagonista de hechos que generan
indignación al no aplicarse con excelencia y total transparencia. Para no
adentrarme mucho en detalles, pongo como casos generales cuando a un personaje
político se le acusa de ser promotor de bandas criminales, o de conspirar
dineros de inversión social para gastarse en obras que favorecen a unos pocos y
perjudican al resto de los habitantes. Para estos casos, es necesario que los
entes de justicia resuelvan desde su profesión esos conflictos sociales
haciendo un Debido Proceso y los medios de comunicación desde su ética
profesional sirvan de mediadores para hacer de Colombia una sociedad más
íntegra y transparente.
Termino con la frase de un epílogo del periodista Juan
Gossaín, quien en uno de sus artículos judiciales llama la atención con un
cierre bastante asertivo para la justicia en Colombia que abarca la calumnia y
la injuria; “En medio de semejante horror, va a llegar el día en que los
colombianos nos quedaremos sin saber quién es el honrado y quién el bandido”.
